Ley de Costas y cambio climático

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El mar nos da la razón. Las imágenes de este fin de semana en las que la fuerza del mar arranca los balcones de un hotel de Canarias han sorprendido a más de una persona. Sin embargo, pese a lo impactante, no se puede decir que sea una gran sorpresa. Y cuesta decirlo, pero desde 2009 diversas organizaciones ecologistas y medioambientales, como Greenpeace, ya advertían de que esta situación podría llegar a ocurrir.

Durante los años de la fiesta del ladrillo y del hormigón, en el cénit de la burbuja inmobiliaria, Greenpeace denunciaba que los ayuntamientos proyectaban hasta tres millones de nuevas viviendas y doscientas mil nuevas plazas hoteleras en zonas donde no se podía construir por ley. Después llegó la reforma de la Ley de Costas, en 2013, que daba por buenas muchas de las barbaridades que se habían permitido en el litoral.

Durante esos años, alcaldes, arquitectos municipales y promotores hoteleros no ahorraban en descalificativos y se atrevían a afirmar que "los ecologistas nos quieren llevar a las cavernas, no quieren el progreso de nuestro país". Pues bien, la protección ambiental no es un capricho de unas pocas personas. Proteger los bienes naturales públicos no es solo una garantía ambiental sino que es vital también para proteger a las personas.

Y más en un país que ya sufre los efectos del cambio climático y que va a ser uno de los más afectados en Europa. La ciencia es clara, la subida del nivel del mar conjugada con eventos climáticos extremos son una amenaza para la seguridad de las personas.

El mar es indomable, incontrolable. No así las leyes o las políticas energéticas. Necesitamos progresar, legislar para adaptarnos a los peores horizontes del cambio climático. Es urgente una Ley de Costas que entienda que el mar se puede llevar muchas viviendas y negocios por delante. Y es urgente actuar para reducir las emisiones causantes del cambio climático y evitar que vaya a peor: por eso hay que acelerar la transición a un modelo energético 100% renovable.

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Oleh

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